Hacia la democratización de la bibliografía jurídica

Me gusta recorrer librerías y, aunque sea, si no ingreso por lo menos mirar sus vidrieras. También internet ha contribuido a que uno pueda acceder a consultar cuales son las novedades literarias desde el confort de su casa.

Sin embargo, en materia de bibliografía jurídica no sucede lo mismo. Ahora que están tan en boga las ideas de “democratización del Poder Judicial” y demás cuestiones afines, me atrevo a decir que la cuestión gremial – en muchos aspectos – trasciende a la “familia judicial” para abarcar a lo que podemos llamar la “familia jurídica”.

Si uno recorre cualquier librería más o menos con un buen stock de libros encontrará conjuntamente con los libros que la gente lee cotidianamente – o por lo menos pretendemos que lea – y libros de diferentes disciplinas: medicina, veterinaria, contabilidad, economía, etc. pero resulta extraño no encontrar libros jurídicos, tal vez con excepción de “La Cuestión Criminal” de E.R.Z., aunque esto lo atribuyo a que está editado por Planeta y no por una editorial estrictamente jurídica.

Dice el aforismo popular que “la ley se presume conocida por todos”, ergo todos deberían tener acceso a esos libros. Quien viva en el interior sabrá lo difícil que es acceder a un libro para la práctica profesional sea cual sea la rama del derecho y, en ocasiones, se suelen pagar precios exorbitantes por acceder a ellos.

No digo que aquellos libros de otras ciencias estén en su totalidad en las librerías, pero si es evidente que textos básicos resultan accesibles al común de la gente (no creo que nadie se ponga a leer un libro de fisiología animal) mientras que los libros de contenido jurídico se venden en “librerías jurídicas”.

Con esto, no aspiro a que un libro de notificaciones o de nulidades procesales (mirando a mi biblioteca son los dos primeros temas que vi) se compren en cualquier librería porque realmente el mercado sería sumamente reducido, pero si libros básicos de Derecho Político, Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Comercial, Derecho del Consumo, etc. (los conocidos manuales podría decirse) deberían ser más accesibles a toda la población a los fines de tener ciudadanos más formados.

Esto puede atribuirse a las editoriales como a los doctrinarios; aquellas tal vez no vean rentable hacer más accesibles los libros – permitiéndose cobrar precios exorbitantes por libros que no lo valen -, mientras que los segundos tal vez no podrían seguir demostrando su erudición cuando se les exija libros más accesibles a la lectura.

En fin… una mínima idea para democratizar la literatura jurídica.